Reformar con horizonte 2030:
lo que obliga la EPBD y lo que caduca antes.

La fecha que importa no es 2030

Durante dos años se repitió que la revisión de la directiva de eficiencia energética de los edificios obligaría a las viviendas con letra G a llegar a la F antes de 2030 y a la E en 2033. Era la propuesta que la Comisión Europea presentó en diciembre de 2021. El texto que finalmente se aprobó, la Directiva (UE) 2024/1275, la cambió de arriba abajo para la vivienda, y quien planifique una obra con aquel calendario está planificando contra un plazo que no existe.

Mi tesis es sencilla. Para quien vive en su casa y piensa en una reforma energética, la fecha que debería marcar en rojo es el 31 de diciembre de 2026: ese día dejan de cubrirse los pagos de las deducciones del IRPF por obras de eficiencia en la propia vivienda. La siguiente es el 31 de diciembre de 2027, para las obras del edificio. Lo que pase en 2030 afecta al conjunto del parque inmobiliario y a la política de ayudas, no a una obligación concreta sobre tu piso.

Lo que la directiva no le exige a tu vivienda

El artículo 9 de la directiva distingue dos mundos. Para los edificios no residenciales, como oficinas, comercios o naves, fija normas mínimas de eficiencia por edificio: a partir de 2030 ninguno podrá estar entre el 16 % menos eficiente del parque, y a partir de 2033, entre el 26 %. Para la vivienda no hay nada parecido. El apartado 2 obliga a cada país a reducir el uso medio de energía primaria de todo su parque residencial, al menos un 16 % en 2030 y entre un 20 y un 22 % en 2035 respecto a 2020, y a que al menos el 55 % de esa bajada salga de renovar el 43 % de los edificios menos eficientes. Cómo se consigue lo decide cada Estado: puede usar normas mínimas, pero también ayudas, asesoramiento o incentivos fiscales.

Tampoco es obligatorio el pasaporte de renovación. El artículo 12 exige a los Estados tener un sistema de pasaportes disponible, pero su uso es voluntario para el propietario salvo que el país decida lo contrario. Y la obligación de que todo edificio nuevo sea de cero emisiones, que es real, se aplica a la obra nueva: desde el 1 de enero de 2028 a los edificios públicos y desde el 1 de enero de 2030 a todos (artículo 7). No toca a las viviendas que ya existen.

El plazo para trasladar la directiva al derecho español venció el 29 de mayo de 2026 (artículo 35). Lo que concrete la norma española, en su trayectoria nacional o en el nuevo modelo de certificado con escala de la A a la G, lo analizo en la pieza sobre la transposición de la EPBD revisada en España. Lo relevante aquí es que la directiva, por sí misma, no pone fecha de caducidad a ninguna vivienda.

Lo que sí caduca: las deducciones del IRPF

La disposición adicional quincuagésima de la Ley del IRPF recoge tres deducciones estatales por obras de eficiencia energética. Las dos primeras son para la vivienda habitual o la que se alquila. La del 20 % premia reducir al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros al año. La del 40 % exige bajar al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o llegar a la letra A o B, con una base de 7.500 euros. En las dos cuentan los pagos hechos hasta el 31 de diciembre de 2026, y el certificado energético posterior a la obra tiene que estar expedido antes del 1 de enero de 2027. Una obra pagada en diciembre con el certificado firmado en enero se queda fuera.

La tercera, la del 60 %, es para los propietarios de viviendas en edificios residenciales que hacen obras de rehabilitación energética del edificio entero, normalmente a través de la comunidad, y exige la misma mejora del 30 % o la letra A o B en el certificado del edificio. Cubre los pagos hasta el 31 de diciembre de 2027. Es el plazo más largo, pero también el que más tarda en moverse: una obra de fachada o de cubierta pide acuerdo de la junta, proyecto y, a menudo, licencia, y un año se va rápido.

Las condiciones, los límites y los casos dudosos están en la guía de las deducciones del IRPF por eficiencia energética; varias comunidades tienen además deducciones propias, recogidas una por una en sus fichas.

Lo que viene después: el Plan Estatal 2026-2030

Las ayudas del Plan de Recuperación vinculadas al Real Decreto 853/2021 se han ido cerrando comunidad a comunidad; lo que sigue admitiendo solicitudes se recoge, con su fecha de verificación, en la página de convocatorias abiertas. El relevo es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026, y su ayuda a la rehabilitación en las viviendas tiene un perfil más estrecho del que muchos suponen.

Según sus artículos 104 a 106, es para pisos en edificios de vivienda colectiva terminados antes de 2006, que sean el domicilio habitual de quien pide la ayuda, y con proyecto o, si la obra no lo necesita, una memoria firmada por un técnico. El artículo 108 fija las cuantías: hasta el 40 % del coste y 7.500 euros por vivienda en obras sobre la envolvente, como ventanas o aislamiento, y hasta el 80 % con un tope de 15.000 euros en accesibilidad si en la vivienda reside una persona con una discapacidad reconocida del 33 % o más, o de 18.000 euros si llega al 65 %. Las dos se suman, la comunidad autónoma puede añadir hasta el 100 % del coste en situaciones de vulnerabilidad y la ayuda es compatible con otras siempre que el total no supere el coste de la obra. Pero no se pide al Estado: hay que esperar a que cada comunidad la convoque (artículo 109).

La consecuencia práctica es que no conviene esperar a 2027 contando con una ayuda más generosa. El plan tiene otra línea, la de rehabilitación integral de edificios de viviendas (artículos 95 a 99), que sí admite viviendas unifamiliares y comunidades de propietarios, pero exige una rehabilitación completa con mejora acreditada de la eficiencia energética; sus cuantías están en la guía del plan. En los dos casos, el calendario lo pondrá cada comunidad con sus convocatorias.

La caldera de gas: sin ayudas desde 2025, sin prohibición para el propietario

La directiva sí fija algo concreto sobre las calderas. Desde el 1 de enero de 2025, los Estados no pueden conceder incentivos financieros para instalar calderas independientes de combustibles fósiles (artículo 17.15), y deben esforzarse por sustituir las que hay en los edificios existentes (artículo 13.7). El modelo de plan nacional de renovación del anexo II pide además políticas con vistas a eliminar por completo las calderas de combustibles fósiles en 2040.

Nada de eso obliga hoy a un propietario a quitar su caldera ni le impide cambiarla por otra de gas. Lo que sí cambia es el cálculo: quien vaya a sustituir una caldera vieja en los próximos años no encontrará ayudas para la de gas, mientras que la bomba de calor puede entrar en las deducciones si mejora el certificado lo suficiente. Si tu caldera está cerca del final de su vida útil y vas a reformar, es el momento de hacer esa comparación con números, no con miedo a una prohibición inmediata.

La letra puede moverse sin tocar la casa

Hay un último elemento que rara vez se explica. La letra del certificado no depende solo de la vivienda, sino de los factores de paso con los que se convierte la energía consumida en energía primaria. El vigente para la electricidad peninsular es de 1,954 en energía primaria no renovable y 2,368 en total. El Ministerio para la Transición Ecológica sometió a audiencia pública, entre el 11 de mayo y el 1 de junio de 2026, una actualización que lo bajaría a 0,11 y 1,3. Si se aprueba, una vivienda que se calienta con electricidad mejorará su calificación sin haber hecho ninguna obra.

Para las deducciones, esto tiene una lectura práctica: la ley exige que la mejora se acredite comparando los certificados de antes y de después en la misma escala de calificación. Conviene que el técnico que firme los dos lo tenga presente y que el certificado inicial se haga antes de empezar la obra, no a posteriori. El detalle de los valores está en el glosario del factor de paso de energía primaria.

Un calendario práctico

Si estás pensando en una reforma energética de tu vivienda, el orden razonable empieza ahora. Antes de nada, encarga el certificado energético actual, porque sin él no hay deducción posible. Si la obra es de tu vivienda y quieres la deducción del 20 o el 40 %, el objetivo es pagarla dentro de 2026 y tener el certificado nuevo firmado antes del 1 de enero de 2027, lo que con plazos de obra y de técnico significa contratar este otoño. Si lo que se plantea es una actuación en el edificio, 2027 es el año de la deducción del 60 %, y la junta que la apruebe tendría que celebrarse cuanto antes. El calendario de doce meses para reformar en 2027 detalla cada fase.

A partir de ahí, lo sensato es seguir las convocatorias del Plan Estatal de tu comunidad y la norma española de transposición, que dirá cómo se reparte el esfuerzo de reducir un 16 % el consumo del parque en 2030. Lo que no tiene sentido es acelerar una obra mal planteada por una obligación que la directiva no contiene, ni retrasar una obra que ya tenías decidida esperando ayudas futuras cuyas condiciones todavía no se conocen.