ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)

El ICIO es uno de los tributos potestativos más extendidos en los ayuntamientos españoles. Está regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 (Ley reguladora de las Haciendas Locales), artículos 100 a 103. Cada ayuntamiento decide en su ordenanza fiscal el tipo aplicable dentro de la horquilla 2-4 % sobre el PEM (algunas capitales aplican el máximo del 4 %, municipios pequeños suelen estar en torno al 2-3 %).

La base imponible es el coste real y efectivo de la obra, equivalente al PEM (Presupuesto de Ejecución Material) declarado en la solicitud de licencia. Excluye el IVA, el beneficio industrial, los honorarios técnicos y los gastos generales. La base inicial se calcula sobre el PEM declarado al iniciar la obra y se regulariza al cierre con la base definitiva del coste real ejecutado.

El sujeto pasivo es el propietario que encarga la obra. El pago se realiza al solicitar la licencia (autoliquidación inicial) o tras la concesión (liquidación), según el modelo del ayuntamiento. La regularización final se hace con presentación del certificado final de obra y, en algunos ayuntamientos, con visita de inspección municipal.

Existen bonificaciones en muchos municipios para obras de mejora energética acreditada, accesibilidad para discapacitados o rehabilitación en cascos históricos protegidos. Madrid contempla bonificaciones de hasta el 95 % por incorporar sistemas de aprovechamiento de la energía solar o de la energía ambiente, y Barcelona aplica reducciones en ámbitos específicos de su ordenanza. Ninguna es automática ni depende de la letra del certificado energético: hay que solicitarlas expresamente al presentar la licencia y acreditar el supuesto concreto que recoge la ordenanza.

El ICIO se acumula a la tasa de licencia (que cubre el coste administrativo de la tramitación, normalmente 1-2 % adicional sobre el PEM o cuantía fija según ordenanza). En el presupuesto de la obra se calcula sumando ambos: una obra con PEM de 30.000 € en Madrid, al 3,75 %, genera 1.125 € de ICIO más la tasa de licencia. Sin bonificación municipal, el coste fiscal total ronda los 1.300-1.400 €.

Los tipos del ICIO oscilan entre el 2 % y el 4 % del presupuesto de ejecución material (PEM) según ordenanza municipal: Madrid aplica el 3,75 %, Barcelona el 3,35 %, Valencia el 4 % y Sevilla el 3,22 %, mientras los municipios pequeños se mueven habitualmente entre el 2 % y el 3 %. Los territorios forales de País Vasco y Navarra regulan el impuesto con normativa propia, de modo que sus tipos no dependen del techo estatal. La base imponible es el coste real y efectivo de la obra excluyendo IVA, honorarios técnicos y beneficio industrial; el ayuntamiento puede revisar la base declarada y girar liquidación complementaria si detecta infravaloración. El devengo se produce al iniciar la obra, no al obtener la licencia: el ayuntamiento puede practicar primero una liquidación provisional sobre presupuesto declarado y luego una definitiva sobre coste real una vez finalizada. El RDLeg 2/2004 (Ley Reguladora de las Haciendas Locales) permite en su artículo 103.2 que los municipios aprueben bonificaciones de hasta el 95 % para las obras declaradas de especial interés o utilidad municipal y para las que incorporan sistemas de aprovechamiento de la energía solar o de la energía ambiente, y de hasta el 90 % para las de accesibilidad. No contempla ninguna bonificación por la letra del certificado energético.